Los docentes rechazan la orden judicial y continúan con el paro.

Lo decidió ayer el Frente Gremial. Un juez había dictado una cautelar en favor del derecho de los chicos a recibir educación. Los sindicatos dicen que es “inconstitucional” y cuestionan al magistrado. Se mantiene la resistencia de los docentes aún después del fallo judicial que ordena a los gremios el “cese inmediato” de las medidas

Lo decidió ayer el Frente Gremial. Un juez había dictado una cautelar en favor del derecho de los chicos a recibir educación. Los sindicatos dicen que es “inconstitucional” y cuestionan al magistrado.

Se mantiene la resistencia de los docentes aún después del fallo judicial que ordena a los gremios el “cese inmediato” de las medidas de fuerza en las escuelas bonaerenses. El Frente Gremial (FEB y Suteba) confirmó la “continuidad de las medidas de fuerza” y consideraron “inconstitucional” el dictamen del juez en lo Contencioso Administrativo, Francisco Terrier, quien firmó una medida cautelar que obliga a los sindicatos a suspender el paro por tiempo indeterminado que dejó sin clases por 13 días a las escuelas de la provincia.

De esta manera mañana no habría actividad en los establecimientos educativos. Ese es el mandato que surge de la conducción gremial. La rebeldía no repara en las interpretaciones de funcionarios del gobierno y del Defensor del Pueblo, que impulsó el reclamo jurídico. Carlos Bonicatto, a cargo de la defensoría dijo que “el martes empiezan las clases sí o sí. El fallo levanta la huelga más allá de la continuidad de las negociaciones salariales”, había declarado el funcionario bien temprano.

A esa hora, en las redes sociales y a través de diversos pronunciamientos las entidades distritales de los gremios proclamaban otra cosa. “No se levantó el paro y hay que mantener la lucha como lo dispuso el Congreso”, decía un posteo de la Unión de Educadores de Merlo, adherida a FEB. Algo similar se leía en el Facebook de otras localidades. Las seccionales disidentes a la conducción de Suteba (La Plata, La Matanza, Quilmes, entre otras) llamaban a desconocer la resolución de la Justicia y a mantener en pie la medida de fuerza.

“Rechazamos este fallo escandaloso de un juez títere de Daniel Scioli”, declaró la Nathalia González, secretaria de Suteba La Matanza. También el moyanista Miguel Díaz, conductor de Udocba –otro de las entidades incluidas en el fallo- fue duro con la decisión del juez: “No nos van a correr con la vaina. Ese amparo es una burrada porque el magistrado decidió terminar de un plumazo con el derecho de huelga”, declaró Díaz.

Después se conoció la postura de los gremios mayoritarios. Sostuvieron que “no hemos sido notificados”, pero no obstante consideran que la resolución “adolece de graves irregularidades como la elección premeditada del juez”. Anuncian que apelarán y también denunciarán el caso ante la OIT.

El conflicto docente, tras recorrer el plano gremial, pasó por el político y desembarcó en el terreno judicial. Hace casi un mes comenzaban los primeros encuentros en la paritaria para buscar un punto de confluencia en el reclamo de aumento salarial. La negociación quedó muy lejos y entonces se decidió no iniciar el ciclo lectivo, previsto para el 5 de marzo.

A la semana, la provincia acercó la propuesta que aún mantiene: un incremento del 30,9%, a liquidar en dos tramos para llevar el mínimo del maestro de grado a 4.720 pesos. La oferta fue rechazada y comenzó un paro por tiempo indeterminado que afecta a los 3,2 millones de chicos de las escuelas de gestión estatal.

Daniel Scioli acudió a un atajo político: el Defensor del Pueblo convocó a una audiencia de acercamiento. Los funcionarios de provincia llamaron a una nueva paritaria y la provincia mejoró algo el primer tramo de la mejora. Ante el nuevo fracaso, Bonicatto presentó un amparo y pidió una medida cautelar para suspender la huelga. De urgencia, Terrier firmó la resolución que –como una decisión salomónica– reclamaba el cese del paro, pedía al Poder Ejecutivo la continuidad de las negociaciones paritarias; que adopte las medidas necesarias a fin de garantizar la efectiva prestación del servicio educativo y el inicio del ciclo lectivo y que no descuente a los docentes los días de huelga.

El gobierno informó que estaba dispuesto a aceptar los requerimientos de la justicia. Pero tras amortiguar el impacto inicial, los gremios decidieron avanzar sin reconocer las disposiciones del escrito jurídico. La conclusión no requiere de interpretaciones técnicas: mañana otra vez las escuelas estarán sin actividad.

 

 

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