Nicanor Olivera, 20 de abril de 2018.

Mediante el presente escrito la “Red Interinstitucional de Derechos Humanos de Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres” de la localidad de La Dulce, partido de Necochea, pone en conocimiento, difunde y repudia la ausencia del servicio de transporte rural y con ello el incumplimiento de que 80 alumnos puedan acceder a la Educación obligatoria, tanto en nivel inicial, primario y secundario.
El servicio de transporte escolar tiene su razón de ser en la obligatoriedad de la Educación; es por esto que desde el año 1997 la Asociación Cooperadora de la Escuela Primaria nº 5 ha brindado el servicio de transporte a través de un convenio firmado con Consejo Escolar de Necochea, el cual se logra por vía de excepción para salvar la incompatibilidad técnica de dicho servicio, debido a la ausencia de oferentes.
Por tal motivo la gestión actual rescinde el convenio el 14 de agosto del 2017, aunque se continuó garantizando la asistencia de los 80 alumnos hasta finalizar el ciclo lectivo. Ahora bien, ¿cómo se solventaron los gastos de mantenimiento, verificación técnica vehicular, combustible, seguros y patentes luego de la rescisión del contrato? Con fondos genuinos de la Asociación Cooperadora de la EP Nº 5, los cuales se recaudaron de innumerables eventos sociales como venta de locro, pasteles, empanadas, chancho móvil, romerías, venta de garaje, entre otros.
Todo lo relatado hasta aquí pone en evidencia un corrimiento del Estado, desde el nivel provincial hasta el municipal, y sobre todo, el punto más importante a denunciar es la vulneración al derecho de acceder a la Educación.
En el marco de la Ley Provincial nº 13688, en su artículo 2º menciona que “la Provincia a través, de la Dirección General de Cultura y Educación tiene la responsabilidad principal e indelegable de garantizar el derecho a la educación de todos los habitantes y en consecuencia, de establecer la política educativa, controlar su cumplimiento a través de la coordinación institucional del Sistema Educativo, y proveer los servicios correspondientes asegurando el libre acceso, y permanencia y egreso en igualdad de oportunidades y posibilidades.”
Ante dicha situación la Red Interinstitucional de La Dulce se expresa vehementemente y exige que el Estado se haga responsable en la construcción de una solución que garantice de forma inmediata el restablecimiento del servicio, ya que aún hay alumnos que viven en zona rural y al día de la fecha no han podido comenzar las clases, generando un daño irreparable tanto en lo pedagógico como en lo social.
“Mirar para otro lado…también es violencia”